Los señalamientos contra el presidente municipal de Apetatitlán, Azaín Ávalos Marbán, escalaron de un presunto acuerdo económico para obtener un cargo en su administración a posibles irregularidades en la integración de expedientes oficiales de obra pública.
Una arquitecta que trabajó como directora y posteriormente como subdirectora de Obras Públicas denunció que habría entregado dinero y financiado trabajos durante la campaña electoral de 2024, bajo el supuesto compromiso de que sería incorporada al gobierno municipal si Ávalos Marbán ganaba la elección.
La denunciante, cuya identidad se mantiene reservada por razones de seguridad y que ella misma pidió en la conversación con este medio, sostiene que el actual alcalde le solicitó 150 mil pesos para la operación de la jornada electoral, aunque ella únicamente habría entregado 100 mil pesos en efectivo, dentro de un sobre amarillo y en el domicilio particular del entonces candidato.
Después del triunfo electoral, la arquitecta asumió la Dirección de Obras Públicas el 1 de septiembre de 2024. Sin embargo, antes de cumplir un año fue removida y enviada a la subdirección, una decisión que, según relató, ocurrió después de que comenzó a cuestionar la participación de determinadas empresas en los procedimientos municipales.
Más de 340 mil pesos invertidos en campaña y trámites.
La extrabajadora exige al presidente municipal la devolución de 341 mil 847 pesos correspondientes a dinero, trabajos, cursos y trámites que asegura haber cubierto con recursos propios.
El desglose presentado incluye:
100 mil pesos para la operación del día de la elección.
218 mil 747.50 pesos en trabajos de fresado, rastreo y nivelación de calles.
15 mil pesos para concursos de licitación.
5 mil 500 pesos para cursos de Director Responsable de Obra.
2 mil 600 pesos para el trámite de DRO.
La arquitecta indicó que los trabajos se realizaron en calles de San Matías Tepetomatitlán y Belén Atzitzimititlán, como parte del respaldo proporcionado al proyecto político de Ávalos Marbán.
No obstante, señaló que el monto real podría ubicarse entre 350 mil y 400 mil pesos, al sumar una quincena pendiente y aportaciones de dos mil pesos que, según su declaración, le eran solicitadas periódicamente de su salario.
La denunciante aseguró que ese dinero habría sido destinado a la esposa del presidente municipal, bajo el argumento de que no recibía remuneración por desempeñarse como presidenta honorífica del Sistema Municipal DIF.
Contratistas cercanos y posibles prestanombres.
Las diferencias entre la arquitecta y el gobierno municipal habrían comenzado cuando se negó a integrar o aprobar empresas que no cumplían con requisitos indispensables para participar en procedimientos de obra pública.
De acuerdo con su versión, algunas compañías no se encontraban inscritas en los padrones correspondientes o carecían de documentos necesarios para competir por contratos municipales.
La exdirectora sostuvo que recibió indicaciones para facilitar la participación de contratistas cercanos al círculo político, familiar y personal del alcalde. Incluso pidió investigar si algunas empresas eran operadas mediante prestanombres vinculados con funcionarios del Ayuntamiento.
Aclaró que no pretendía impedir la participación de esas compañías, sino exigir que cumplieran con los lineamientos establecidos por las autoridades fiscalizadoras.
Después de manifestar sus observaciones, aseguró que comenzó a enfrentar restricciones en su área: le retiraron personal, le negaron papelería y no recibió computadoras, impresoras, tinta ni materiales indispensables para integrar los expedientes de obra.
Posteriormente fue removida como directora y sustituida por Juan Antonio Romero López, quien, según la denunciante, recibió en pocos días el equipo, los materiales y el personal que a ella le habían sido negados.
Firmas presuntamente falsificadas en expedientes oficiales.
El señalamiento de mayor gravedad se relaciona con la posible falsificación de firmas dentro de documentos utilizados para justificar concursos y contratos de obra pública.
La arquitecta afirmó que tuvo acceso a documentos originales con los cuales podrían compararse las firmas auténticas de representantes de empresas con aquellas que aparecen en expedientes entregados por el Ayuntamiento.
Según su testimonio, Efrén Conde Serrano, identificado como director de Servicios Municipales, habría elaborado algunas de las firmas, mientras que el actual director de Obras Públicas, Juan Antonio Romero López, presuntamente tenía conocimiento de esas prácticas.
La denunciante reconoció que desconoce si el alcalde ordenó directamente la alteración de los documentos. Sin embargo, exigió investigar quién elaboró, revisó, autorizó y presentó los expedientes ante el Órgano de Fiscalización Superior.
También pidió verificar si las empresas reportadas como responsables de las obras realmente ejecutaron los trabajos o si algunas construcciones fueron realizadas por personal relacionado con funcionarios municipales, pese a que los contratos aparecían a nombre de compañías particulares.
De confirmarse la utilización de firmas apócrifas, las irregularidades podrían trascender el ámbito administrativo, debido a que los documentos habrían sido utilizados para integrar expedientes oficiales y comprobar procedimientos financiados con recursos públicos.
Hostigamiento y violencia laboral.
La extrabajadora también acusó haber sido víctima de hostigamiento, discriminación y violencia de género durante su permanencia en el Ayuntamiento.
Relató que, cuando todavía encabezaba Obras Públicas, fue citada cerca de las 23:00 horas en la presidencia municipal para revisar expedientes. La reunión se prolongó hasta aproximadamente la una de la mañana y, de acuerdo con su declaración, fue la única mujer presente frente a varios funcionarios.
Aseguró que fue tratada como si hubiera cometido alguna irregularidad, a pesar de que previamente le habían retirado al personal y las herramientas necesarias para concluir las carpetas.
Al terminar la reunión, señaló, nadie le ofreció acompañamiento o alguna medida para trasladarse con seguridad hasta su domicilio.
La arquitecta también denunció la retención de dos quincenas sin que la Secretaría del Ayuntamiento, la Sindicatura o la Tesorería le proporcionaran una explicación formal. Posteriormente únicamente habría recibido uno de los pagos.
Indicó que dejó de presentarse a trabajar a finales de abril debido a problemas de salud que atribuyó al estrés y al ambiente laboral. Afirmó que nunca firmó una renuncia ni fue notificada oficialmente sobre la terminación de su relación con el Ayuntamiento.
Pide revisar la administración de Ávalos Marbán.
La denunciante solicitó que las autoridades investiguen integralmente la administración de Azaín Ávalos Marbán, particularmente los acuerdos establecidos durante la campaña, la presunta entrega de dinero para obtener cargos, la contratación de empresas, la integración de expedientes y la posible falsificación de firmas.
También pidió esclarecer el destino de las aportaciones descontadas de su salario, las capacitaciones pagadas con recursos particulares, la posible participación de prestanombres y los actos de violencia laboral y de género que asegura haber enfrentado.
La extrababajadora afirmó que ha mantenido conversaciones con el presidente municipal, Azaín Ávalos Marbán, mediante WhatsApp, en las que le ha solicitado directamente el pago del dinero que asegura haber invertido durante la campaña y en distintos trabajos de lo cual se cuenta con copias de dichas conversaciones, las cuales forman parte de los elementos entregados por la denunciante y deberán ser verificadas por las autoridades para determinar su autenticidad, contexto y posible valor probatorio.
Será competencia de las autoridades establecer si en el Ayuntamiento de Apetatitlán existió un esquema de intercambio de dinero por cargos públicos, direccionamiento de contratos o alteración de documentos oficiales.